La titular del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Santander ha dado un giro decisivo en la investigación del trágico accidente en la playa de El Bocal, ocurrido el pasado 3 de marzo, en el que perdieron la vida seis personas. La magistrada ha acordado dirigir la acción penal contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras y el director de Obras de la Demarcación de Costas en Cantabria. Según el auto judicial, la administración central es la "única responsable" de garantizar la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura.
La investigación apunta a que las obras de la senda peatonal, iniciadas en 2012, nunca fueron finalizadas ni recepcionadas formalmente por el Ayuntamiento de Santander. Por este motivo, el compromiso municipal de mantenimiento no llegó a entrar en vigor, dejando la tutela legal de la pasarela bajo la exclusiva competencia de Costas.
Indicios de negligencia en la reparación de la estructura
El auto judicial destaca la existencia de "serios indicios de un posible actuar negligente". La magistrada subraya que, aunque se realizó una intervención en el verano de 2024 tras las advertencias de un vigilante sobre el mal estado de las maderas, dicha reparación fue insuficiente. El informe de la Policía Científica revela que, mientras se actuó sobre la madera, los elementos metálicos de la estructura estaban completamente oxidados.
Debido a esto, se ha solicitado al perito judicial que determine si la reparación parcial de 2024 cumplía con los estándares mínimos de seguridad o si, por el contrario, la omisión del tratamiento de las partes metálicas precipitó el colapso de la pasarela.
El deber de vigilancia del Ayuntamiento de Santander
A pesar de que la competencia técnica y de mantenimiento recae en el Estado, la instructora recuerda que el Ayuntamiento de Santander posee la potestad de policía administrativa. Esto implica que, ante la detección de un riesgo visible, el consistorio tiene la obligación de precintar o señalizar la zona para proteger a los ciudadanos, independientemente de quién sea el titular de la infraestructura.
Para esclarecer si el deterioro era perceptible antes del siniestro, la magistrada ha ordenado a la Policía Judicial recabar fotografías, vídeos y testimonios de usuarios habituales de la senda. Además, se ha citado como testigo a una representante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte para el próximo 27 de marzo, con el fin de aportar pruebas sobre posibles quejas previas al derrumbe.
