La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la función pública, ha denunciado una “interpretación ilegal y restrictiva” por parte del Departamento de Educación respecto al derecho del personal docente a disfrutar de permisos retribuidos por asuntos particulares. Según la organización, en las últimas semanas se han multiplicado las quejas del profesorado, que asegura encontrarse con crecientes dificultades para ejercer un derecho reconocido en la normativa foral.
CSIF sostiene que las instrucciones remitidas a los centros no solo obstaculizan el uso normal de estos permisos, sino que obligan a los equipos directivos a organizar sustituciones al margen de la legislación laboral. En lugar de cubrir las ausencias mediante guardias, se estaría exigiendo que docentes del mismo departamento asuman las clases del compañero ausente, pese a que estas tareas no figuran en su horario oficial y suponen, a juicio del sindicato, una alteración unilateral de las condiciones laborales.
La organización alerta además de la existencia de casos en los que la concesión del permiso quedaba condicionada a la recuperación posterior de los días solicitados. Califica esta exigencia como una práctica “insólita y muy grave”, incompatible —sostiene— con los derechos del personal empleado público y generadora de una “inseguridad jurídica intolerable”.
El conflicto también está afectando a los equipos directivos, que se ven obligados a aplicar instrucciones de Inspección Educativa que, según CSIF, entran en contradicción con la normativa sobre jornada y horario del profesorado. Tras analizar las últimas instrucciones enviadas por la Dirección General de Personal e Infraestructuras y escuchar las quejas del profesorado, el sindicato ha presentado un recurso contra dichas indicaciones al considerar que introducen requisitos no previstos en la legislación vigente.
CSIF remarca que estas actuaciones chocan con lo establecido en la normativa foral que regula el régimen laboral del personal docente, como los decretos que ordenan la jornada y los permisos o la Ley Foral 12/2023. Asegura que una instrucción administrativa no puede restringir derechos establecidos en normas de rango superior ni imponer obligaciones que la ley no contempla.
La organización sindical exige la retirada inmediata de las limitaciones impuestas, la eliminación de cualquier condición que considere ilegal y el respeto íntegro de los derechos del profesorado, de forma que puedan ejercerse sin trabas ni decisiones arbitrarias. Subraya además que no permitirá que se vulneren derechos laborales consolidados y advierte de que actuará “con firmeza”, incluida la vía judicial si fuera necesario, para garantizar la protección efectiva del personal docente.
