La medida, que entraría en vigor a partir del 15 de enero de 2019, pretende aumentar el tráfico inducido y, en consecuencia, los ingresos por peajes.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que el Gobierno reducirá el precio de las autopistas rescatadas un 30% de media a partir del 15 de enero de 2019, de forma que el tráfico inducido permita aumentar los ingresos por peajes.
El ministro ha recordado, esta mañana en el desayuno informativo de El Ágora del diario El Economista, “la reflexión que tenemos pendiente el conjunto de las fuerzas políticas sobre cómo garantizar la sostenibilidad, mantenimiento y mejora de nuestro modelo viario”.
Respecto a la seguridad en las infraestructuras, “la inversión en mantenimiento y conservación es una de las prioridades del Ministerio”, ha dicho Ábalos que, además, ha anunciado que “para el próximo Consejo de Ministros licitaremos actuaciones por más de 460 millones de euros”. También ha recordado que, en este sentido, “la inversión entre junio y noviembre ha crecido este año un 60% respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 4.204 millones de euros”.
Seguridad en el Transporte
En el marco de esta estrategia de inversiones en seguridad viaria, el ministro ha hecho hincapié en la auditoría solicitada desde el Ministerio de Fomento sobre los 23.000 puentes y pontones de más de 3 metros que existen en España y que, de los cuales, “solo 66, el 0,28% del total, presentan desperfectos reseñables” y que, según los informes de los técnicos, “en ningún caso se trata de daños que comprometan la estabilidad y seguridad de las estructuras supervisadas”.
Al respecto, Ábalos ha anunciado que están previstas las siguientes mejoras en materia de seguridad:
– La realización de un informe anual sobre la evolución del estado de puentes y pontones.
– La centralización de todos los sistemas de monitorización estructural instalados en los puentes, así como el uso de drones para mejorar la vigilancia de las estructuras.
– Y la modificación de los contratos de inspección para aumentar un 20%, de 4,1 a 5,3 millones, el presupuesto anual destinado a estas inspecciones, así como el acortamiento de los periodos de la primera inspección, la mejora de los medios técnicos y la puesta en marcha de protocolos más exhaustivos.
