El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa especial sobre la presunta trama de comisiones en la adjudicación de obra pública conocida como caso Koldo-Ábalos-Cerdán, ha dictado un auto en el que ordena a la Agencia Tributaria suspender los procedimientos de inspección abiertos a Acciona “exclusivamente” en lo relativo a las prestaciones de servicios realizadas por Servinabar entre 2021 y 2023. La resolución atiende una petición expresa de la propia Agencia Tributaria, que advirtió de que el desenlace de la investigación penal puede resultar “determinante” para fijar el alcance de la eventual responsabilidad tributaria de la constructora en esa relación mercantil.
En el mismo auto, Puente accede a la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ordena rastrear las cuentas bancarias de varios exdirectivos de Acciona para seguir la trazabilidad de los fondos que habrían salido de la empresa hacia Servinabar y la cooperativa Erkolan, a las que los investigadores sitúan en el centro de un esquema de desvío de un 2% de las adjudicaciones.
Según los informes de la UCO, Servinabar —administrada por Joseba Antxón Alonso— habría convertido su relación con Acciona Construcción en su “principal fuente de financiación”, hasta concentrar más del 75% de los abonos recibidos, a cambio de participar en obras públicas licitadas a la constructora.
La Fiscalía Anticorrupción ya había descrito Servinabar como una sociedad “creada ad hoc para lucrarse” en UTE con Acciona en proyectos como Mina Muga o el pabellón Navarra Arena, “sin que conste ninguna contribución precisa” a esas obras. En un contrato privado de compraventa incorporado al sumario, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán figura como propietario del 45% de la compañía de Alonso, extremo que llevó al fiscal a subrayar la vinculación directa del dirigente socialista con la firma que, según los indicios, se quedaba con el 2% de las adjudicaciones. La defensa de Cerdán niega este extremo y habla de un contrato que nunca fue llevado a cabo al no ser inscrito en el registro mercantil.
Los investigadores sostienen que Acciona habría abonado “importantes cantidades” a la supuesta organización criminal liderada por Koldo García, José Luis Ábalos y el propio Cerdán a cambio de determinadas adjudicaciones, con la intermediación de exresponsables de la compañía como Fernando Merino y otros directivos ahora bajo el foco del Supremo. La UCO cifra en un 2% neto las mordidas presuntamente canalizadas a través de Servinabar, un porcentaje que, según un auto previo de entrada y registro en Acciona, habría funcionado como comisión sistemática sobre contratos de obra pública ligados a esa UTE.
El cerco judicial se ha ido estrechando en los últimos meses en torno a la empresa navarra y sus responsables: Antxón Alonso compareció como investigado ante el Supremo y llegó a ver restringida su libertad de movimientos, mientras que los directivos de Acciona implicados han defendido ante el juez la legalidad de los acuerdos de colaboración con Servinabar.
Como es sabido, paralelamente, la Audiencia Nacional instruye otras piezas del entramado Koldo vinculadas al suministro de mascarillas durante la pandemia, mientras el Alto Tribunal asume la parte que afecta a aforados como Cerdán y Ábalos, en una causa que ya ha levantado el secreto y que avanza ahora sobre la relación entre obra pública, comisiones y el papel de las UTE en Navarra y otras comunidades.
