La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado como testigo para el próximo 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y ha ordenado una serie de diligencias para averiguar «quien ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de 2017».
En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 acepta la práctica de una serie de diligencias propuestas por los investigados en este procedimiento Josep Lluis Trapero, exmayor de los Mossos, y la intendente Teresa Laplana, y rechaza otras por considerarlas «innecesarias en este momento».
Entre las diligencias que se acuerdan se encuentra librar oficio a los Mossos d´Esquadra a fin de que remita el Plan Operativo, denominado dispositivo AGORA, el Acta de creación de la Comisión TIC para la seguridad y protección de los miembros del gobierno, autoridades de otras instituciones y otras personalidades e Informe acerca de si la comisión TIC recibió, en septiembre y octubre de 2017, encargo de aplicar las medidas de seguridad antes mencionadas a determinadas personas, con indicación del nombre y cargo de las mismas, de cuáles fueron incluidas en el dispositivo AGORA y cuáles no.
Además, solicita a la Fiscalía Superior de Cataluña y Fiscalías Provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona que remitan copia de todos los informes y escritos presentados por los Mossos en cumplimiento de las distintas instrucciones dictadas por la Fiscalía Superior de Cataluña relacionadas con el referéndum suspendido.
Solicita también la magistrada a la División de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía un informe sobre la existencia de Información Reservada a los efectos de investigar actuaciones concretas e individuales de algunos miembros del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, fecha de incoación, incorporación de vídeos a la misma, diligencias de investigación practicadas y estado de tramitación de la misma, información que debe ser completada, dice el auto, en relación al número de expedientes finalmente abiertos y resoluciones que hayan, en su caso, recaído.
Igualmente requiere a la Prefectura de la Policía a fin de que aporte copia de la instrucción 16/2013, de 5 de septiembre, sobre la utilización de armas e instrumentos de uso policial, así como la instrucción 11/2014, de 30 de abril, de modificación de la anterior.
