Cincuenta y ocho viviendas protegidas construidas, terminadas y completamente vacías. Esa es la imagen que resume años de retrasos, burofaxes sin respuesta y reuniones sin resultado entre Nasuvinsa y el Ayuntamiento de Barañáin. El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera Donazar, ha emitido una resolución en la que recomienda al consistorio y al Departamento de Vivienda del Gobierno foral que actúen "con celeridad" para que los adjudicatarios puedan por fin ocupar sus pisos.
El Ayuntamiento de Barañáin ha concedido finalmente la licencia de primera utilización el pasado 13 de marzo de 2026, y en su respuesta al Defensor afirma que la parcela cuenta ya con los servicios urbanísticos necesarios. Sin embargo, el Defensor considera que la demora ha sido excesiva y que la recomendación sigue siendo pertinente: ambas administraciones deben coordinarse para que las viviendas lleguen cuanto antes a sus adjudicatarios.
Las obras del edificio, ubicado en la parcela 227 del polígono 1 de Barañáin, finalizaron en octubre de 2024. Pero sin acometidas de agua ni electricidad —responsabilidad del Ayuntamiento— resultaba imposible obtener la licencia de primera utilización. El coste del bloqueo: según Nasuvinsa, unos 35.500 euros mensuales en perjuicios que la empresa pública ha advertido que reclamará al consistorio.
Años de requerimientos ignorados
El expediente recogido en la resolución del Defensor dibuja un patrón de dejadez difícil de justificar. Desde 2021, Nasuvinsa reclamó de forma reiterada al Ayuntamiento el proyecto de urbanización necesario para dotar al edificio de servicios básicos. Las respuestas municipales brillaron por su ausencia: correos sin contestar, carpetas vacías enviadas como documentación, plazos incumplidos y hasta una baja laboral de la secretaria municipal como explicación para no licitar a tiempo.
Iberdrola y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona advirtieron por escrito en 2023 que sin un proyecto de urbanización no podían ejecutar las acometidas. El Ayuntamiento no licitó ese proyecto hasta marzo de 2024, y las obras de urbanización no comenzaron hasta febrero de 2025, con fecha de finalización prevista para junio de ese año, que tampoco se cumplió.
El Ayuntamiento de Barañáin y el Departamento de Vivienda tienen dos meses para informar al Defensor de si aceptan la resolución y qué medidas adoptan. Si no lo hacen, el caso podrá figurar con mención expresa en el informe anual que la institución presenta al Parlamento de Navarra.
