Una mujer residente en la calle Descalzos, en el Casco Viejo de Pamplona, tiene fijada fecha de desahucio para este miércoles, 15 de abril. La vivienda es propiedad de la empresa municipal Pamplona Ciudad Habitable (PCH–Iruña Biziberritzen), dependiente del Ayuntamiento de Pamplona.
El Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria ha denunciado públicamente el caso y ha anunciado una concentración a las 8:00 horas frente al número 44 de la citada calle para intentar paralizar el lanzamiento.
Según ha explicado el colectivo, la mujer, que lleva cerca de 15 años residiendo en Pamplona, es víctima reconocida de violencia machista y tiene acreditada una situación de vulnerabilidad. Tras separarse de su exmarido —con quien convivía inicialmente en la ciudad—, habría quedado sin recursos ni bienes, iniciando un periplo por habitaciones subarrendadas, alojamientos temporales y recursos asistenciales.
El sindicato sostiene que, pese a esa situación reconocida oficialmente, “nunca se le ha ofrecido una alternativa habitacional estable”. Hace algo más de dos años, ante la falta de soluciones, la mujer entró a vivir en una vivienda vacía propiedad de PCH, donde permanece desde entonces.
El caso se produce en un contexto marcado por la reciente aprobación inicial en el Ayuntamiento del proyecto de Ordenanza reguladora de la vivienda municipal para promover la inclusión social, conocida como ordenanza Aukera. Entre otras cuestiones, contempla la expulsión del censo de solicitantes de vivienda municipal de aquellas personas que ocupen inmuebles públicos.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda consideran que esta medida “criminaliza la ocupación” y agrava situaciones como la de esta mujer, al limitar sus opciones futuras de acceso a una alternativa institucional.
Asimismo, el colectivo cuestiona que la vivienda en cuestión, que habría permanecido vacía durante años, pueda seguir sin uso si se ejecuta el desahucio, al no existir un calendario concreto de rehabilitación para el inmueble dentro de los planes municipales actualmente en marcha en el Casco Viejo.
En el plano judicial, el sindicato denuncia que, pese a haberse comunicado la situación de vulnerabilidad y a existir mecanismos legales para suspender temporalmente el procedimiento en estos casos, a dos días de la fecha prevista no se habría resuelto ninguna solicitud de aplazamiento.
Ante este escenario, el colectivo ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para intentar frenar el desahucio y exigir una solución habitacional alternativa.
