El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción que proponía instar al Gobierno foral a publicar mensualmente en el Portal de Transparencia los datos sobre el número y el origen de las personas detenidas en la Comunidad foral. La iniciativa ha sido desestimada con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y el apoyo de PPN, el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita.
La moción planteaba, en su primer punto, solicitar al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo navarro que hiciera públicos, con carácter mensual, los datos de detenidos por la Policía Foral, desglosados por tipología de delito y país de origen.
En un segundo apartado, también se instaba a la Delegación del Gobierno en Navarra a publicar información similar correspondiente a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, igualmente dividida por tipo de delito y origen de los detenidos.
Además, la iniciativa incluía un tercer punto en el que se proponía modificar el apartado 1 del artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, de lucha contra el racismo y la xenofobia, con el objetivo de permitir el uso y la publicación de datos relativos al país de origen. Este apartado respondía a una enmienda de adición presentada por UPN y aceptada por el Grupo Mixto, promotor de la moción.
UPN, por su parte, defendió una enmienda de sustitución al primer punto, que no fue aceptada. En ella planteaba que el Gobierno de Navarra hiciera pública la información estadística sobre delincuencia que se remite trimestralmente al Ministerio del Interior, incluyendo variables como el país de origen de las personas detenidas o investigadas.
En la exposición de motivos, el Grupo Mixto apelaba al principio de información pública y al derecho de la ciudadanía a conocer la realidad de su entorno. Según el proponente, la falta de publicación periódica de estos datos genera “una opacidad injustificada que imposibilita un debate informado sobre la realidad de la delincuencia, dificulta la evaluación de las políticas de seguridad y alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones”.
