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Irujo asegura que coordinará junto con el Estado y Aragón los pasos a seguir tras la sentencia de Mina Muga

El Gobierno de Navarra estudia la sentencia que declara nulo el permiso de Mina Muga en territorio navarro

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El consejero de Industria del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha ofrecido esta mañana su valoración sobre la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que declara nulo el permiso para la Mina Muga en territorio navarro. Según Irujo, la concesión minera en cuestión deriva de tres permisos de investigación previos, otorgados por las administraciones competentes en función del territorio: «En primer lugar, se trata de una concesión minera directa derivada de tres permisos de investigación previos otorgados en su momento por la administración competente, por razón del territorio», explicó el consejero.

El proyecto, que afecta tanto a Navarra como a Aragón, ha sido gestionado de manera coordinada entre ambas comunidades y la administración general del Estado. Irujo subrayó que la coordinación se formalizó mediante un convenio de encomienda de funciones entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comunidad Autónoma de Aragón y la Comunidad Foral de Navarra. 

La sentencia del TSJN establece que, al tratarse de un único proyecto minero, debería existir una única concesión otorgada por la administración estatal, independientemente de los permisos de investigación previos otorgados por cada administración autonómica. Al respecto, el consejero puntualizó que «no se trata de un fraccionamiento del proyecto, sino de un fraccionamiento en la aprobación del mismo proyecto», haciendo hincapié en que Navarra y Aragón han ejercido sus competencias de acuerdo con lo establecido en sus respectivos marcos legales.

En cuanto al futuro del proyecto tras la sentencia, Irujo indicó que el Gobierno de Navarra ya está en contacto con el Ministerio y con el Gobierno de Aragón para analizar conjuntamente los posibles pasos a seguir. Añadió que la sentencia es recurrible en casación en un plazo de treinta días y enfatizó la necesidad de actualizar la actual Ley de Minas, vigente desde 1973, que consideró «un tanto anticuada» para los estándares actuales.

El consejero también abordó la posibilidad de reiniciar el proceso administrativo: «Es pronto para adelantar ninguna actuación por parte del gobierno, puesto que, como acabo de mencionar, lo tendríamos que hacer de manera coordinada entre las administraciones general del estado, Aragón y Navarra».

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