La ley de Amnistía ya ha entrado en vigor tras su publicación hoy martes en el Boletín Oficial del Estado.
Con ello se busca un nuevo marco legal destinado a perdonar los delitos relacionados con el proceso independentista catalán de los últimos años. La ley, resultado de intensas negociaciones entre el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y los partidos independentistas, busca desactivar las tensiones políticas y judiciales derivadas del referéndum no autorizado de 2017 y los posteriores encarcelamientos y causas judiciales.
La amnistía afecta a políticos, activistas y funcionarios que participaron en actos vinculados al movimiento independentista, proporcionando una oportunidad para cerrar heridas abiertas y avanzar hacia una convivencia más armoniosa. Si bien la medida ha sido celebrada por sectores independentistas como un acto de justicia y reconciliación, también ha suscitado críticas de toda la oposición, con el PP, VOX y también UPN en Navarra y de sociedades cívicas quienes consideran que podría sentar un precedente peligroso para el respeto a la legalidad vigente, rompiendo la igualdad.
Tras sortear el veto del Senado, ahora queda pendiente la aplicaicón de la norma por la justicia española y europea, tras los recursos que se presentarán con toda seguridad. Las comunidades gobernadas por el PP, e incluso Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE de García Page han anunciado que recurrirán la norma al Tribunal Constitucional.
Pase lo que pase, la norma no afectará retroactivamente a los penados por delitos relacionados con el procés, por lo que una de los primeros efectos sería la vuelta de los políticos fugados al extranjero como Carles Puigdemonto, líder de Junts o Marta Rovira, de ERC.
También está por ver si la puesta en marcha de la norma que ha tensionado los primeros meses del mandato de Pedro Sánchez en sus relaciones con los independentistas de los que depende para sacar adelante otras normas, 'engrasa' la relación a partir de ahora facilitando la gobernabilidad.
