La Alianza por el Clima de Navarra ha anunciado este viernes en rueda de prensa que ha dado comienzo al procedimiento judicial para demandar al Gobierno de Navarra por incumplimiento de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética (LFCCTE), aprobada en marzo de 2022. La alianza considera que, pasados dos años desde su aprobación, el Gobierno de Navarra está incumpliendo sistemáticamente plazos y obligaciones establecidas en el texto normativo.
“El Gobierno de Navarra está ignorando la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, incumpliendo los plazos y obligaciones establecidos en la LFCCTE. Además, sigue con su política desarrollista basada en grandes infraestructuras y proyectos insostenibles, como el TAV, minas MUGA y ERDIZ o el canal de Navarra. Todos estos proyectos nos alejan del camino que la sociedad navarra tiene que recorrer para transitar hacia un futuro mejor, más sostenible y justo. Ante esta situación, nos vemos abocados a la vía judicial. Además, nos sentimos alentados por el éxito en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima, que demandó a su Gobierno por inacción climática”, ha señalado Lorea Flores Compains, portavoz de la Alianza por el Clima de Navarra.
Ayer, 23 de mayo, la Alianza por el Clima de Navarra presentó ante la Presidencia del Gobierno de la Comunidad foral un requerimiento solicitando información sobre los 28 incumplimientos que ha contabilizado hasta el momento. La alianza considera que la política climática es responsabilidad del Gobierno en su conjunto y no exclusivamente del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
En el requerimiento se señalan los presuntos incumplimientos de la LFCCTE en materia de iniciativas legislativas, desarrollos reglamentarios, inventarios y planificación ambiental. Por ejemplo, la ley establece un plazo de un año desde su aprobación para elaborar criterios para la implantación de energías renovables y designar zonas aptas y zonas no aptas, pero estos criterios y zonificación están por hacer. Igualmente sucede con otros reglamentos que deberían haberse desarrollado en el plazo de dos años, que tienen que ver con el fomento de la participación pública en las instalaciones renovables y los criterios para la eficiencia energética en la edificación, entre otros, aún sin desarrollar. La ya inicial falta de ambición de la ley, sumada al incumplimiento de plazos, muestra que el Gobierno de Navarra no se toma tan en serio como debería la situación de emergencia climática actual.
Asimismo, la alianza recuerda lo dispuesto en la disposición adicional novena de la LFCCTE, Dotación de recursos, que establece: “Las administraciones públicas de Navarra, de acuerdo con sus competencias, se dotarán de los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley foral”, por lo que el Gobierno foral tiene a su disposición y por expreso mandato legal todos los medios económicos, técnicos y humanos para llevar a cabo el desarrollo reglamentario de la LFCCTE.
Los colectivos que forman la Alianza por el Clima de Navarra indican que, tal como señala la ciencia, “aún estamos a tiempo de mantenernos por debajo del aumento de los 2 ºC a final de siglo, reduciendo el impacto del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas y el sufrimiento de las personas y otros seres vivos”. Para ello, señalan, “es necesaria audacia política y un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. La inacción tiene consecuencias nefastas: si seguimos la actual tendencia, en Navarra la temperatura en la segunda mitad de siglo aumentará a un ritmo de 0,34 ºC por década. Para evitar los peores escenarios de cambio climático, será necesario reorientar los sistemas de producción respetando los límites del planeta y redistribuyendo la riqueza. Echamos en falta esta valentía en el Gobierno y también honestidad para al menos poner en marcha lo aprobado hace ya más de dos años”.
Por ello, la alianza solicita al Gobierno de Navarra que apruebe en el plazo máximo de seis meses desde la interposición del presente requerimiento todo el desarrollo reglamentario de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética consignado en el cuerpo del presente escrito, con un elevado nivel de protección ambiental y una amplia participación pública.
Igualmente piden que se garanticen con dicho desarrollo reglamentario los derechos humanos y al medio ambiente adecuado de las generaciones presentes y futuras, de acuerdo con los principios de solidaridad, sostenibilidad, comunes pero diferenciadas responsabilidades, precaución y buen gobierno consagrados en nuestro ordenamiento jurídico.