El Ayuntamiento de Pamplona transformará la gestión de la vivienda municipal en un servicio público orientado a la inclusión social y al acceso progresivo al mercado inmobiliario normalizado. La iniciativa se articulará a través de una nueva ordenanza, denominada Aukera (oportunidad), que regulará las condiciones de acceso, los tipos de contrato, la duración de las estancias, los itinerarios de inclusión y las exenciones en función de la renta.
El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea San Juan, explicó que “el objetivo es crear un nuevo servicio de vivienda e inclusión social, una solución vanguardista y eficiente como respuesta a la situación actual y a la creciente demanda; un sistema más eficiente socialmente porque aportará itinerarios de inclusión y porque generará más oportunidades con los mismos recursos”. Abaurrea compareció junto a la directora del área, Uxua Domblás Ibáñez, y el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón Echeverría.
La nueva ordenanza concibe las 613 viviendas municipales —destinadas a emergencia habitacional y las que se vayan incorporando por rehabilitación o finalización de contratos antiguos— como bienes dotacionales de carácter público y uso transitorio. El acceso se definirá combinando tres variables: tipología de vivienda, situación de la persona o familia solicitante y nivel de renta. En ningún caso los alquileres superarán los precios de la vivienda social baremados por el Gobierno de Navarra, fijados actualmente en 532 euros para un piso de 80 metros cuadrados.
Según detallaron los ediles, la duración máxima de la estancia será de seis años, periodo en el que las personas inquilinas recibirán asesoramiento y acompañamiento profesional para favorecer su autonomía residencial “y posibilitar la inclusión social y la capacitación para el acceso al mercado inmobiliario normalizado lo antes posible”.
Régimen transitorio para las personas ya alojadas
Durante la presentación, el Ayuntamiento lanzó un mensaje tranquilizador para quienes ya residen en viviendas municipales: “nadie que cumpla los requisitos establecidos en la nueva ordenanza y que esté actualmente alojado en viviendas municipales tendrá que salir de ahí, aunque lleven tres años o más en ellas”. Para ello se ha diseñado un régimen transitorio que permitirá a las actuales personas inquilinas incorporarse al nuevo sistema, siempre que cumplan los requisitos de renta, estén al corriente de los pagos y respeten las condiciones de uso residencial.
La intención municipal es mantener reuniones individualizadas con todas las familias y personas afectadas para analizar cada situación concreta.
Exenciones, acompañamiento social y refuerzo de personal
La ordenanza también regulará las ayudas al alquiler. Según explicó Mauleón, se contemplan exenciones del 25%, 50%, 75% e incluso del 100% en función de los niveles de renta. En el caso de las víctimas de violencia de género, el pago será del 10% del total. Estas exenciones se revisarán de forma progresiva conforme mejore la situación económica de las personas beneficiarias gracias al acompañamiento social.
El itinerario de inclusión se apoyará en tres pilares: acompañamiento social, garantía de ingresos e inserción laboral, con el objetivo final de acceder a una vivienda en el mercado normalizado.
Para hacer posible este nuevo servicio público, el Ayuntamiento reforzará los recursos humanos. Frente a la única persona que hasta ahora realizaba el acompañamiento en viviendas de emergencia habitacional, se incorporarán 13 profesionales del programa Etxe bat. “Es evidente que si lo que queremos impulsar es la inclusión social, el Ayuntamiento ha de hacer un esfuerzo importante también en personal”, subrayó Mauleón.
Además, se ha creado un nuevo puesto de responsable para la Oficina de Vivienda, que asumirá la gestión integral del parque municipal. Abaurrea destacó la importancia de la coordinación interna y afirmó que “tenemos la necesidad de lograr una buena coordinación y colaboración, especialmente con el área de Acción Social”.
Requisitos y modalidades de vivienda
Entre los requisitos generales para acceder al servicio figuran ser mayor de edad, estar empadronado en Pamplona o acreditar residencia efectiva durante más de dos años —salvo en casos de emergencia habitacional—, inscribirse en los registros municipales y autonómicos de vivienda protegida y no haber rechazado previamente una vivienda social o protegida. También será obligatorio mantener la vivienda en buen estado y respetar la convivencia vecinal.
La ordenanza establece seis modalidades de alojamiento, entre ellas viviendas de emergencia habitacional económica, de estabilización y de transición, además de recursos por catástrofe o siniestro y convenios con entidades sin ánimo de lucro. El itinerario habitual comenzará en la emergencia económica, pasará por la estabilización y culminará en la transición, con estancias máximas de uno, dos y tres años respectivamente.
Calendario de aprobación
El proyecto de ordenanza se aprobará inicialmente en Junta de Gobierno el lunes 29, fecha en la que también se firmará la resolución para declarar el servicio público. A partir de ahí se abrirá un periodo de 10 días hábiles para presentar sugerencias, así como encuentros con entidades sociales.
La aprobación inicial está prevista para el Pleno del 5 de marzo, mientras que la aprobación definitiva se espera para el mes de junio, paso previo a la entrada en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Con Aukera, el Ayuntamiento pretende dar un salto cualitativo en la política municipal de vivienda. Como resumió Abaurrea, se trata de “influir sobre la especial afección que para las personas en exclusión social tiene la falta de vivienda” y de avanzar hacia un sistema más justo, eficiente y orientado a la inclusión.
