Ante la confirmación de la Audiencia Nacional de las penas para las personas condenadas por el caso Alsasua, Amnistía Internacional declara:
“Las preocupaciones que ya expresamos se confirman. Por un lado, porque se mantiene la agravante de discriminación de forma impropia, porque no se puede considerar a la policía como grupo vulnerable, tal y como indican los estándares internacionales de derechos humanos. La policía ya de por sí tiene una protección adicional en el Código Penal, mediante la cual se agrava el delito cuando la agresión de produce contra la autoridad y esto ya se ha aplicado en este caso”, declara Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Además, persiste la utilización de una motivación ideológica para justificar la gravedad del delito, a pesar de que el propio tribunal de primera instancia afirmó que no podía ser probada ninguna vinculación política. Como consecuencia, se imponen penas de cárcel en su grado máximo”.
“No se han resuelto los problemas de imparcialidad identificados por Amnistía Internacional que, de confirmarse, podrían afectar al derecho a un juicio justo”, añade Beltrán.