El Ayuntamiento de Berriozar es condenado a abonar a la constructora Aldesa la retención por retrasos en la obra del edificio consistorial

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Una vez recibida la obra, el pleno del ayuntamiento de Berriozar, de forma unánime, decidió sancionar según la cláusula recogida en contrato de 3000 euros de recargo por día de retraso. El importe ascendía a 546.000 euros

Berriozar, 14 de mayo de 2020

La sala 1 del Juzgado Contencioso Administrativo ha resuelto la improcedencia de la sanción impuesta por el Ayuntamiento en el año 2009, que ascendía a 546.000 € y deberá abonar también los intereses, que se calculan en 359.000 €.

Según dicta la sentencia de dicho tribunal: “debe anularse la resolución de 25 de abril de 2018, que confirma el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Berriozar de 28 de abril de 2010 que impuso a ALDESA una penalización por demora de 546.000 euros” el importe fue calculado en su día según informe de la Dirección Facultativa de la Obra. Se resuelve así un complicado pleito cuyo origen se remonta a más de diez años. 

En el año 2006, el Ayuntamiento de Berriozar adjudicó la obra de construcción del nuevo edificio consistorial y casa de cultura a la UTE compuesta por ALDESA y Erriberri. La obra debía realizarse en 11 meses, no obstante, la constructora solicitó diversas prórrogas y el Ayuntamiento admitió posponer la recepción hasta septiembre de 2008. Aún así, ALDESA no entregó definitivamente la obra hasta octubre de 2009. Una vez recibida la obra, el pleno del ayuntamiento de Berriozar, de forma unánime, decidió sancionar según la cláusula recogida en contrato de 3000 euros de recargo por día de retraso. El importe ascendía a 546.000 euros.

La decisión fue recurrida por ALDESA y tras varias sentencias y recursos, el pasado 10 de marzo el citado Tribunal decidió dar la razón a la constructora por motivos de procedimiento.

Según ha declarado el alcalde de Berriozar: “la sentencia no nos favorece y supone un duro golpe a nuestras expectativas. No obstante, el Ayuntamiento había reservado una cantidad de remanente en previsión de una posible sentencia desfavorable”.

Ahora deberá ser el pleno municipal quien valore y determine los pasos a dar.  

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