El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación presentados por el Gobierno de España, los ejecutivos de Navarra y Aragón, y la propia empresa Geoalcali contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que en septiembre de 2024 anuló el procedimiento de otorgamiento de la concesión minera Goyo, parte del proyecto Mina Muga. La decisión abre una revisión judicial completa del caso ante el Alto Tribunal.
Qué anuló el TSJN y qué no
La sentencia del TSJN no cuestionó en ningún momento la viabilidad técnica del proyecto ni los estudios ambientales que lo respaldan. Su objeción fue de carácter estrictamente formal: el tribunal entendió que, desde el punto de vista procedimental, debía haberse tramitado una concesión unificada en lugar de las tres concesiones coordinadas —Goyo, Muga y Fronterizo— que fueron otorgadas en 2021. El proyecto mantiene vigentes, según Geoalcali, todos sus permisos técnicos y ambientales, incluida su Declaración de Impacto Ambiental favorable.
La empresa Geoalcali recuerda que actuó en todo momento siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado, que había considerado adecuada precisamente esa fórmula de tres concesiones coordinadas para respetar el marco competencial autonómico.
Una admisión poco frecuente
El Supremo admite a trámite únicamente una minoría de los recursos de casación contencioso-administrativos que recibe, por lo que la decisión se interpreta como un reconocimiento de que el caso plantea cuestiones jurídicas de relevancia. En concreto, el Alto Tribunal ha identificado dos focos de análisis: el alcance competencial en proyectos que se desarrollan en varias comunidades autónomas, y la legitimación de organizaciones ambientales para recurrir actuaciones administrativas no vinculadas estrictamente a normativa medioambiental.
Geoalcali: "Más de 15 años de tramitación rigurosa"
El CEO de Geoalcali, Carles Alemán, valoró la admisión como "un paso muy relevante para un proyecto que acumula más de 15 años de tramitación rigurosa y exhaustiva", y afirmó que la revisión del Supremo representa "la vía más sólida y garantista para alcanzar una solución estable y definitiva". No obstante, Alemán advirtió que "el tiempo transcurrido y la complejidad del contexto regulatorio hacen necesario analizar con rigor el impacto de este nuevo retraso".
Mina Muga es considerado un proyecto estratégico a escala europea por su contribución a reducir la dependencia de potasa procedente de Rusia y Bielorrusia. Según Geoalcali, el proyecto prevé la creación de unos 800 empleos directos, hasta 7.000 entre directos e indirectos, y más de 1.200 millones de euros en ingresos fiscales a lo largo de su vida útil, en un territorio especialmente afectado por la despoblación.
La empresa ha señalado que continuará trabajando de forma coordinada con las administraciones de Navarra, Aragón y el Gobierno central mientras avanza el procedimiento judicial.
