El colectivo Negu Gorriak / Derecho a Techo ha denunciado públicamente la actuación del Ayuntamiento de Pamplona tras el desalojo, este lunes, de las personas que residían en el convento de Aranzadi, una intervención que califican de «violenta», «premeditada» y ejecutada «sin ninguna alternativa habitacional real».
Según recoge el comunicado difundido por la plataforma, cerca de un centenar de personas —en su mayoría jóvenes de origen magrebí en situación de sinhogarismo— han sido desalojadas del edificio en un operativo en el que, aseguran, no se les permitió recoger sus pertenencias. Entre los objetos retenidos, subrayan, habría documentación «imprescindible» para sus procesos de regularización administrativa, como pasaportes o expedientes en trámite.
El colectivo sostiene que las únicas alternativas planteadas por los servicios sociales municipales han sido «billetes de autobús para abandonar la ciudad» y denuncia, además, que se habría exigido la entrega de pasaportes para acceder a recursos asistenciales, una condición que consideran «absurda» y «cruel», especialmente a las puertas de un proceso de regularización.
Durante el desalojo, siempre según esta versión, se habrían producido momentos de tensión en el exterior del inmueble, donde varios jóvenes se autolesionaron como forma de protesta (algo que al consistorio no le constaba tras se preguntado expresamente por ello en rueda de prensa). Asimismo, denuncian detenciones que califican de «arbitrarias» y exigen al Consistorio que informe con transparencia sobre el número de arrestados, los cargos imputados y su situación actual.
Negu Gorriak / Derecho a Techo interpreta, además, que la actuación municipal responde a una decisión «consciente» para impedir la celebración del auzolan convocado para el próximo 18 de abril, una jornada comunitaria en la que decenas de colectivos preveían acondicionar el espacio de Aranzadi. «La decisión tiene nombre: sabotaje institucional a la autoorganización popular», afirman.
En su análisis, el colectivo enmarca lo sucedido dentro de un «patrón» que, aseguran, se ha repetido en otras ciudades como San Sebastián, Bilbao o Badalona, vinculando estas actuaciones a políticas que, a su juicio, asocian asentamientos con criminalidad y desembocan en desalojos sin soluciones habitacionales efectivas.
El colectivo también responde a las declaraciones del alcalde, Joseba Asiron, quien en meses anteriores aludió a una «crisis migratoria». Frente a ello, defienden que lo ocurrido en Aranzadi evidencia, en realidad, «una crisis de vivienda» que afecta tanto a personas migrantes como a jóvenes y familias con rentas bajas.
Finalmente, Negu Gorriak / Derecho a Techo hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para activar redes de apoyo que permitan dar respuesta a las necesidades generadas tras el desalojo, desde espacios para pernoctar hasta apoyo económico y logístico. Asimismo, han convocado una concentración de urgencia este lunes a las 19.00 horas frente al Ayuntamiento y avanzan que el auzolan previsto para el sábado podría transformarse en una movilización en las calles.
