El partido Unión del Pueblo Navarro ha acusado al Ejecutivo de María Chivite de trasladar una “información deliberadamente confusa” a los inquilinos de vivienda pública en relación con la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.
La formación foralista critica que el Departamento de Vivienda, dirigido por la consejera Begoña Alfaro, haya comenzado a enviar comunicaciones a los arrendatarios instándoles a acogerse a esta medida contemplada en el Real Decreto-ley 8/2026, impulsado por el Gobierno central a propuesta de Sumar. A juicio de UPN, se trata de una iniciativa cuyos efectos son “cuando menos controvertidos”, al no estar garantizada su convalidación en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, advierten de que introducir este tipo de mensajes en un ámbito “tan sensible” como el acceso a la vivienda contribuye a aumentar la incertidumbre y la inseguridad jurídica tanto para inquilinos como para propietarios.
UPN ya ha adelantado que votará en contra de la convalidación del decreto, al considerar que responde a “intereses simplistas y sesgados” y que puede generar un efecto contrario al deseado, dificultando el mercado del alquiler y provocando una reducción de la oferta.
Además, los regionalistas han denunciado una “incoherencia” en las políticas de vivienda al señalar que, mientras se promueve la prórroga de contratos, en Pamplona se permite el desahucio de inquilinos de viviendas municipales mediante procedimientos más ágiles. Según sostienen, el uso de tasas en lugar de contratos de arrendamiento facilita estos procesos, situando al Ayuntamiento en una posición más ventajosa que los propietarios privados.
Por último, UPN ha acusado tanto al Gobierno foral como a EH Bildu de priorizar la “propaganda” frente a soluciones estructurales, y ha advertido de que la demanda de vivienda protegida sigue creciendo en Navarra, con previsiones que superan ya las 25.000 unidades familiares.
