La Audiencia Provincial de Barcelona ha vuelto a poner el foco sobre el conocido “cártel de coches”, confirmando la existencia de prácticas anticompetitivas entre fabricantes y avalando el derecho de los compradores a ser indemnizados por el sobreprecio pagado. La Sección 15ª del tribunal ha estimado el recurso presentado por tres demandantes —una empresa y dos particulares— representados por Unive Abogados, y ha revocado la decisión inicial del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, que había declarado prescrita la demanda interpuesta contra Nissan Iberia S.A.
El fallo marca un punto de inflexión en este tipo de litigios. La Audiencia aclara que el plazo de cinco años para reclamar daños no debe contarse desde la publicación de la sanción de la CNMC en 2015, sino desde que esta adquirió firmeza tras la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2021. De este modo, la demanda presentada en noviembre de 2023 fue considerada válida, permitiendo al tribunal entrar a valorar el fondo del asunto.
En su resolución, los magistrados reconocen de forma expresa que el intercambio de información comercial sensible entre fabricantes —entre ellos Nissan— provocó un aumento artificial de los precios de venta. Según la prueba pericial aceptada por la Sala, el sobrecoste soportado por los compradores puede situarse entre el 10 % y el 15 % del precio del vehículo.
La Audiencia también subraya que, cuando no es posible determinar con exactitud matemática el perjuicio individual, los jueces están facultados para realizar una estimación judicial razonable del daño, con el objetivo de garantizar el derecho efectivo al resarcimiento. Un criterio que cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo y que refuerza la protección del consumidor frente a prácticas colusorias.
Aplicando este razonamiento, la sentencia condena a Nissan Iberia S.A. a abonar varias indemnizaciones individuales, todas ellas incrementadas con los intereses legales desde la fecha de compra de los vehículos. En uno de los casos más significativos, una empresa que adquirió una flota entre 2010 y 2013 ha logrado recuperar más de 16.000 euros entre principal e intereses, una cifra que ilustra el impacto económico real de estas reclamaciones.
Desde Unive Abogados, despacho que ha dirigido el procedimiento, valoran la resolución como un respaldo contundente a los afectados. “La Audiencia Provincial confirma que el daño existió, que el sobreprecio fue real y que los compradores tienen derecho a ser indemnizados. Esta sentencia aporta seguridad jurídica y refuerza la posición de miles de afectados que aún no han reclamado”, señalan.
Carrera contrarreloj hasta abril de 2026
El fallo llega en un momento clave. La propia Audiencia recuerda que el derecho a reclamar prescribe a los cinco años, plazo que expira el 20 de abril de 2026, coincidiendo con el quinto aniversario de la primera sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las sanciones impuestas por la CNMC a los fabricantes implicados.
Esto significa que particulares, autónomos y empresas que hayan adquirido vehículos nuevos entre 2006 y 2013 de marcas afectadas por el cártel todavía están a tiempo de reclamar, pero solo si inician el procedimiento antes de esa fecha límite. “Quien no reclame antes de abril de 2026 perderá definitivamente su derecho a ser compensado”, advierten desde el despacho.
Para iniciar la reclamación, los afectados únicamente necesitan la factura o contrato de compraventa, la ficha técnica o el permiso de circulación y, en caso de leasing, el contrato y el justificante del pago de la cuota final. Unive Abogados ofrece asesoramiento jurídico integral y un estudio individualizado de cada caso, acompañando al cliente durante todo el proceso judicial.
Este nuevo pronunciamiento se suma a otras resoluciones favorables dictadas en distintos tribunales españoles y consolida una tendencia clara: los fabricantes implicados en el cártel están siendo condenados a indemnizar a los compradores por el sobreprecio soportado. Un escenario que anticipa una avalancha de reclamaciones en los próximos meses y que vuelve a situar la defensa de la competencia en el centro del debate judicial y económico.
