UPN ha considerado “bochornosa” la “reprobación del Parlamento al Gobierno de Navarra” por incumplir una moción que instaba al Ejecutivo foral a modificar la nueva normativa que regula la prestación de prótesis y aparatos ortopédicos. La resolución, aprobada a instancias de UPN el pasado 27 de septiembre, trata de evitar que se reduzcan prestaciones y se excluyan de las ayudas públicas que reciben los usuarios los productos de mejor calidad.
“Este incumplimiento ha provocado la activación, por primera vez, del nuevo procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara por el que, si la moción no especifica ningún plazo concreto, el Gobierno de Navarra debe dar cuenta del cumplimiento de la moción en el plazo de cuatro meses desde el día siguiente a la publicación en el BON”, han explicado los regionalistas. “Y esos 4 meses han transcurrido, por lo que el Gobierno, tras requerirlo el propio Parlamento, ha tenido que someterse al control de los grupos para explicar el estado de su ejecución”, agregan.
UPN ha criticado “la falta de justificación para no haber eliminado ya los recortes en la adquisición de prestaciones como sillas de ruedas, andadores y otro tipo de productos ortopédicos”. “De acuerdo con la nueva normativa del Gobierno, cuando alguien necesite un producto ortoprotésico de mejor calidad, tecnología o materiales de mayor precio que la ayuda que recibe de Salud deberá pagarlo íntegramente de su bolsillo, suponiendo un grave retroceso en cuanto a la financiación que existía hasta ahora. Recordemos que hasta la aprobación de la normativa se podía realizar esta adquisición, siempre que el paciente se hiciera cargo de la diferencia de precio”, critican.
"En la peor situación de todo el país "
Según los regionalistas, “este Gobierno ha optado por el régimen de ayudas ortoprotésicas más restrictivo de todo el Sistema Nacional de Salud, lo que sitúa a los ciudadanos y ciudadanas navarras con las peores prestaciones de todo el país”.
“Supone un claro retroceso en la cobertura de la asistencia sanitaria navarra que afecta especialmente a las personas con discapacidad y a las personas mayores, quienes deberían estar especialmente protegidas y atendidas por nuestro sistema”, han señalado. Por ello, han exigido al Departamento de Salud que “se deje de excusas y cumpla de una vez el mandato del Parlamento”.