El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Julián Huarte, ha reconocido este lunes que la reforma del sistema de organización judicial ha sufrido en sus primeros meses "un cierto freno a su implementación" que "poco a poco ha ido desapareciendo". Lo ha manifestado en su discurso en el acto de apertura del año judicial en la Comunidad Foral, en el que también ha advertido de la saturación de los órganos jurisdiccionales y ha reclamado más jueces, estabilidad en las plantillas y un nuevo edificio.
Huarte ha explicado que se ha pasado de una administración de justicia asentada en un sistema decimonónico, compartimentada en juzgados, a la instauración de servicios comunes de tramitación y ejecución, una "revolución" en la organización de la oficina judicial. "Todo cambio o modificación en un organigrama o estructura de trabajo en el que confluyen distintas personas y funcionalidades siempre suele conllevar, en un primer momento, un cierto freno a su implementación, y la administración de justicia, en general y en esta comunidad particularmente, no ha sido ajena a ello", ha señalado.
Según ha indicado, esa ralentización va permitiendo que los Tribunales de Instancia de Navarra lleguen a ser una realidad y que su diseño y la nueva oficina judicial hayan ido tomando "carta de naturaleza", aunque de manera más lenta de la esperada. El tránsito, ha advertido, no ha terminado y debe continuar para que se cumplan los objetivos de agilidad, eficacia, eficiencia y racionalización y la ciudadanía obtenga "un servicio cercano y de calidad".
Ha añadido que la implementación es obligada por tratarse de una ley y que, como servidores públicos, han asumido el compromiso de aportar todo su conocimiento para que la oficina judicial sea efectiva. Para ello se constituyó en 2025 una comisión mixta entre el TSJN y la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra, que ha creado grupos de trabajo específicos que se reúnen con regularidad. Huarte ha agradecido la colaboración de la Carrera Judicial, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos generales, la Fiscalía y la Dirección General de Justicia.
Órganos saturados y siete jueces más solicitados
El presidente del TSJN ha advertido de que los órganos jurisdiccionales navarros, sobre todo los civiles, mercantiles y de lo social, registran cargas "por encima de lo que debiera considerarse asumible", muy superiores a la establecida, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano. Ha defendido que debería paliarse con más plazas judiciales.
Ha recordado que el 31 de diciembre entrarán en funcionamiento cuatro jueces más: uno en la Sala de lo Social del TSJN, que por fin contará con tres magistrados; dos en la nueva Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, un magistrado y su presidente; y la tercera plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz. El 1 de junio de 2027 entrarán en vigor las dos plazas restantes adjudicadas a Navarra, ambas en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Pamplona.
Aun así, Huarte ha insistido en que hacen falta más. La Sala de Gobierno acordó en marzo solicitar una plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia, un juez más para Aoiz y otro para Tudela, y seis para los tribunales de instancia de Pamplona: uno para Civil, dos para Penal, dos para Social y uno para Violencia sobre la Mujer.
Interinidad y movilidad de la plantilla
El presidente ha puesto de manifiesto que la eventualidad de la plantilla de funcionarios es "muy elevada" y se agrava con su movilidad. La incorporación de personal interino sin experiencia ni conocimientos técnico-procesales mínimos pone a los órganos afectados en una situación "complicada, por no decir desesperada", ha afirmado. El problema es especialmente intenso en los partidos judiciales de Aoiz, Estella y Tafalla, donde prácticamente toda la plantilla es interina. Huarte ha subrayado que no se pretende responsabilizar a los interinos, cuya dedicación y profesionalidad ha elogiado, y que el origen de las disfunciones está en "la falta de estabilidad de las plantillas, la continua movilidad".
Un edificio "agotado" y problemas con Avantius
Un año más, Huarte ha reclamado un nuevo edificio judicial, porque el actual está "agotado" y "colapsado". Ha trasladado al Gobierno de Navarra la urgencia de incorporar en este ejercicio las partidas presupuestarias que permitan afrontar el diseño y el proyecto, "con visión de futuro".
Sobre el programa informático de gestión procesal Avantius, ha señalado que se han producido diversas disfunciones, "algunas relevantes", que han dificultado la implantación de la oficina judicial, sobre todo en Pamplona. Ha reclamado además que se solucione "a la mayor brevedad" el retraso en la implantación de su nueva versión en las tres Salas del TSJN, la Audiencia Provincial y las plazas de Vigilancia y Menores.
Recursos asistenciales y defensa de la independencia judicial
Huarte ha subrayado que la efectividad de muchas resoluciones exige recursos administrativos más allá de la propia Administración de Justicia. En el ámbito penal, ha citado los recursos asistenciales, entre ellos los sociosanitarios, y ha señalado que, pese a los avances, persisten disfunciones para contar con un centro donde cumplir las medidas de seguridad privativas de libertad.
El presidente del TSJN ha concluido con una defensa de jueces y magistrados. "La legitimación del poder judicial es clara, ya que surge de la propia Constitución, y esencial al poder judicial es la independencia judicial, que es un requisito fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos, independencia que debe ser respetada por quienes están al frente de todas las instituciones", ha manifestado.
En el acto, en el que también ha intervenido el fiscal superior de Navarra, Jaime Goyena, han estado presentes, entre otras autoridades, los vocales del CGPJ delegados para Navarra, Esther Erice y José Carlos Orga; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inmaculada Jurío.
