La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado de 180 años y 9 meses a 90 años, 4 meses y 15 días de prisión la condena impuesta al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres en los baños del centro educativo y en probadores de establecimientos comerciales. La resolución modifica el fallo emitido en abril por la Audiencia Provincial al estimar una atenuante analógica simple de trastorno mental, la cual se suma a la atenuante de reparación del daño ya aplicada anteriormente.
A pesar del cómputo total de la pena acumulada por la cuarentena de delitos contra la intimidad, delitos continuados contra la intimidad, posesión y elaboración de pornografía infantil, el tribunal precisa que, conforme al artículo 76 del Código Penal, el procesado cumplirá un máximo efectivo de 7 años y 6 meses de prisión, cifra que equivale al triple de la pena más alta impuesta por un delito individual (2 años y 6 meses). Contra esta sentencia cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo.
Informes de la psiquiatría forense y rebaja de penas en la justicia de Navarra
El fallo del TSJN acoge las conclusiones del Instituto Navarro de Medicina Legal y de los psiquiatras tratantes, dictaminando que el procesado padece un trastorno del control de los impulsos en la esfera sexual sobre una personalidad con tendencias obsesivas. La Sala señala que la falta de veracidad o la ocultación inicial de datos por parte del paciente no invalida los informes periciales, ya que los especialistas están capacitados para detectar inconsistencias y evaluar signos clínicos objetivos. Los magistrados concluyen que esta condición afectó de forma leve-moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas durante la comisión de los hechos.
El caso se inició tras la denuncia interpuesta en octubre de 2023 por una vecina que descubrió una cámara. Posterior a la denuncia, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona autorizó el registro domiciliario donde se recabaron las pruebas. La investigación constató además que el docente utilizó datos personales para apoderarse de las claves de acceso de correos y redes sociales de las alumnas menores de edad, accediendo a sus archivos privados. El condenado, que ya había consignado 273.000 euros antes del juicio para la reparación del daño, deberá indemnizar a las 42 víctimas con cantidades de entre 3.000 y 15.000 euros, y mantiene una condena de 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión o actividad relacionada con menores de edad.
