El sistema de protección social de la Comunidad Foral registra una tendencia a la baja en el volumen de sus ayudas asistenciales. Un total de 12.642 unidades familiares percibieron de media cada mes la Renta Garantizada en Navarra. En el cómputo global del ejercicio, la prestación de ingresos mínimos llegó a 15.962 unidades familiares distintas, lo que representa una reducción de 796 hogares respecto a las 16.758 familias registradas el año anterior y un descenso del 4,75%.
El informe anual elaborado por el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra detalla que la prestación protegió de manera directa a 32.672 personas. Esta cifra equivale al 4,78% de la población navarra y da cobertura al 29,19% de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza en la región. Según explicó la consejera Carmen Maeztu, esta herramienta no debe considerarse un gasto sino una inversión de justicia social orientada a asegurar la inclusión social y laboral a través de itinerarios de acompañamiento profesionalizados.
Perfil de los beneficiarios de la ayuda social y su distribución en Pamplona y comarcas
El desglose sociodemográfico de los beneficiarios muestra una prevalencia de mujeres tanto en el número de personas protegidas (53,5% frente al 46,5% de hombres) como en la titularidad de los expedientes, donde alcanzan el 57,5%. Destaca el peso de la infancia en estas estadísticas, con 11.708 menores de edad que representan el 35,8% del total de personas protegidas. Por su parte, un 4,8% de los perceptores supera los 65 años, tratándose principalmente de jubilados que cobran pensiones no contributivas y reciben la Renta Garantizada como complemento de ingresos.
En cuanto a la tipología de convivencia de los hogares protegidos por el Departamento de Derechos Sociales:
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El 51,7% de las unidades familiares están integradas por una sola persona.
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El 83,1% de las familias cuenta con entre uno y tres miembros en el hogar.
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El 27,6% corresponde a estructuras monoparentales o monomarentales, uno de los sectores con mayor exposición a la vulnerabilidad económica.
La distribución territorial sitúa a Pamplona como la localidad con mayor concentración al reunir al 40,8% de las familias beneficiarias, seguida de la Comarca de Pamplona (21,6%), Tudela (15,5%), Estella-Lizarra (10,8%), Tafalla (6,2%), Navarra Noroeste (3,5%) y Navarra Noreste (1,5%). Las zonas básicas y unidades de barrio de la Rochapea, el Servicio Social de Base de Tudela y Berriozar destacan como las áreas con mayor volumen de hogares perceptores de toda la comunidad.
Acceso al empleo en Navarra, tiempos de permanencia y control de las prestaciones públicas
La inserción en el mercado de trabajo se configura como uno de los objetivos esenciales de la ayuda. De las 10.740 personas beneficiarias que estaban disponibles para el empleo, 4.448 personas consiguieron un contrato laboral, lo que supone el 41% de este colectivo. En total, se formalizaron 10.993 contratos, promediando 2,47 contratos por cada trabajador. En contraposición, un total de 9.656 personas en edad de trabajar no estaban disponibles para incorporarse al empleo debido a circunstancias personales como su situación administrativa irregular, problemas de salud o la falta de redes de conciliación familiar.
El tiempo de permanencia en el programa de ayuda social de Navarra refleja un carácter mayoritariamente temporal:
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Menos de un año: 58% de las unidades familiares (9.389 hogares).
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Entre uno y dos años: 19,4% (3.108 hogares).
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Entre dos y tres años: 8,23% (1.314 hogares).
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Entre tres y cuatro años: 6,18% (986 hogares).
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Entre cuatro y cinco años: 2,82% (450 hogares).
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Más de cinco años: 4,48% (715 hogares).
Para velar por la correcta asignación de los fondos, el Gobierno de Navarra aplicó estrictos mecanismos de seguimiento. A lo largo del ejercicio se tramitaron 24.819 procedimientos ordinarios de control (con un balance de 17.715 modificaciones, 3.409 suspensiones y 3.695 extinciones de la ayuda por cambios de renta o situación familiar). Asimismo, se gestionaron 924 reclamaciones, 170 recursos administrativos y se abrieron 57 expedientes sancionadores. La partida presupuestaria final destinada por el Ejecutivo foral ascendió a 108.851.064,95 euros, cifra que representa un descenso del 2,3% respecto a la anualidad anterior.
