Una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona, con la colaboración de la Guardia Civil y las policías locales de Burlada, Villava y Huarte, ha culminado con la detención de cinco personas acusadas de perpetrar hasta 30 robos con fuerza en establecimientos comerciales de Pamplona y localidades próximas. Los hechos se cometieron entre noviembre de 2025 y junio de 2026 y generaron un perjuicio económico total de unos 50.000 euros entre el efectivo sustraído y los daños materiales causados.
Los detenidos son presuntos autores de 18 robos consumados y 12 tentativas en bares, pequeños comercios, estancos y locales con máquinas recreativas, actuando siempre en horario nocturno o de madrugada, con los establecimientos cerrados. Su método era sistemático: fracturaban cristales con mazas o gatos hidráulicos, o aprovechaban elementos del mobiliario urbano como soportes de sombrilla, alcantarillas o bloques de cemento para acceder a los locales. Una vez dentro, apuntaban principalmente al dinero en efectivo de cajas registradoras, máquinas tragaperras y máquinas de apuestas.
La investigación arrancó a finales de 2025, cuando los agentes detectaron un patrón delictivo reiterado en las denuncias recibidas. Con el tiempo, los investigadores fueron perfilando una estructura organizada: uno de los miembros ejecutaba la fractura, otro vigilaba el exterior y el resto esperaba en un vehículo para facilitar la huida o el transporte de lo sustraído. Todos cubrían su rostro con prendas o cascos para dificultar su identificación. Estos indicios llevaron a imputarles también un delito de pertenencia a banda criminal.
El daño económico no se limitó al efectivo robado —cifrado en 28.282 euros según las denuncias— sino que incluyó más de 20.000 euros en desperfectos: cristales rotos, puertas y persianas forzadas, cajas registradoras atacadas y daños interiores que obligaron a los negocios a acometer reparaciones urgentes para poder reabrir.
Dos de los detenidos fueron arrestados en Pamplona y los otros tres en una localidad del sur de Navarra. Los cinco han quedado a disposición judicial. La investigación, bautizada como operación Arketa, continúa abierta para determinar el grado de participación de cada implicado en los numerosos atestados analizados.
