El colectivo Docentes con Palestina ha ofrecido este lunes por la tarde una rueda de prensa en la que ha condenado la intervención de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu contra miembros de la Global Sumud Flotilla (GSF), quienes regresaban a Euskadi tras participar en una misión de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza que fue interceptada por Israel en aguas internacionales.
Según el comunicado, la sociedad civil había organizado un recibimiento para los activistas, que ya habían denunciado públicamente haber sufrido torturas a manos de las fuerzas de seguridad israelíes durante su detención. En lugar de ese recibimiento, se encontraron con una intervención policial que el colectivo describe como violenta e injustificada.
Preguntas directas al Gobierno Vasco
El texto lanza preguntas concretas a las instituciones vascas. ¿Por qué, en lugar de enviar personal sanitario que atendiera a personas que habían denunciado torturas, el Gobierno Vasco desplegó a la Ertzaintza? ¿A qué intereses responde esa decisión? ¿Quién ordenó al cuerpo policial autonómico personarse en el aeropuerto para recibir a un grupo de ciudadanos que, en palabras del colectivo, "no han hecho otra cosa que exponer su vida para extender la solidaridad internacional con Palestina"?
El comunicado también pone el foco en un dato que considera especialmente grave: una empresa de seguridad israelí tendría contratada la gestión de la seguridad en el aeropuerto de Loiu, lo que a juicio de los firmantes evidencia la profundidad de los vínculos económicos e institucionales con Israel en el propio territorio vasco.
Crítica a la criminalización de la solidaridad
Docentes con Palestina enmarca lo ocurrido en Bilbao dentro de una tendencia más amplia que detecta en Europa: la criminalización de quienes se movilizan contra lo que el colectivo denomina el genocidio palestino. En ese sentido, el texto cita la Ley Mordaza como instrumento de represión contra activistas solidarios con Palestina, y recuerda que el actual presidente del Gobierno prometió derogarla sin haberlo hecho hasta la fecha.
"La solidaridad no es un delito, es la ternura entre los pueblos", afirman los firmantes, que se declaran "dolidos e indignados" por los hechos.
Exigencias concretas
El comunicado concluye con un conjunto de demandas dirigidas al Gobierno Vasco, al Gobierno de Navarra y al Gobierno español: la ruptura inmediata de toda relación institucional, económica, académica e industrial con Israel, así como el impulso de medidas de boicot, desinversión y sanciones. "No queremos palabras sino acciones", subrayan.
El colectivo anuncia además su intención de continuar trabajando en las aulas para concienciar sobre el conflicto palestino, y de buscar alternativas educativas a corporaciones.
