El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un pacto provisional destinado a ejecutar los compromisos arancelarios derivados de la declaración conjunta suscrita el pasado 21 de agosto de 2025.
Mecanismos de protección para el comercio europeo
La normativa principal contempla la eliminación de los derechos de aduana sobre diversos bienes industriales estadounidenses, además de facilitar el acceso preferencial mediante cuotas para productos del mar y ciertos artículos agrícolas. Paralelamente, un segundo reglamento extenderá la suspensión de aranceles para la importación de langosta, tanto fresca como procesada.
Para garantizar el equilibrio en los intercambios, los colegisladores han incorporado un robusto mecanismo de salvaguarda. Esta herramienta permitirá a la Comisión Europea evaluar y, si fuera necesario, suspender concesiones si el aumento de las importaciones estadounidenses amenaza con causar daños graves a los productores europeos.
Sobre el alcance del pacto, Michael Damianos, ministro de energía, comercio e industria de Chipre, ha señalado: "Mantener una asociación transatlántica estable, predecible y equilibrada es del interés de ambas partes". Damianos añadió: "Hemos asegurado en nuestro acuerdo salvaguardas sólidas para poder proteger los intereses, las empresas y los trabajadores europeos".
Condiciones de cumplimiento y seguimiento temporal
El acuerdo incluye disposiciones reforzadas que permiten suspender las concesiones si Estados Unidos incumple los términos de la declaración conjunta o discrimina a los operadores económicos del bloque. Un punto crítico del pacto es la posibilidad de suspender concesiones sobre el acero y el aluminio si Washington mantiene tasas superiores al 15% sobre derivados europeos después del 31 de diciembre de 2026.
Finalmente, se ha establecido una cláusula de extinción o sunset clause que limitará la aplicación de la normativa hasta finales de 2029. Durante este periodo, la Comisión Europea realizará un seguimiento trimestral de los flujos comerciales para evaluar el impacto real en la economía y en las pequeñas y medianas empresas (pymes) antes de decidir sobre una posible prórroga de estas medidas.
