El Ayuntamiento de Pamplona ha invertido un total de 1,3 millones de euros entre 2022 y 2025 en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según recoge un informe publicado por la Cámara de Comptos que analiza el desarrollo, ejecución y seguimiento de este proyecto.
El informe incluye dos recomendaciones principales: realizar con urgencia la evaluación de impacto en protección de datos y elaborar el proyecto para el Segundo Ensanche con información actualizada, participación ciudadana y un estudio económico más detallado. Así, Comptos señalaba que "pueden existir riesgos no identificados en materia de protección de datos personales, ya que el sistema de gestión integral de la ZBE se encuentra en funcionamiento al menos desde 2024 sin haberse realizado la evaluación de impacto sobre esta materia exigida por la normativa", y finaliza subrayandonoslos que como consecuencia de su sugerencia, se había encargado una evalución en 2025 con carácter urgente.
Las ZBE, reguladas por la ley estatal de cambio climático de 2021 y por la normativa foral navarra, tienen como objetivo restringir el tráfico en determinadas áreas urbanas para mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y mitigar las emisiones contaminantes. En el caso de Pamplona, el proyecto municipal ya advertía de que, aunque la calidad del aire es buena según los estándares legales, resulta mejorable si se atiende a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, siendo el tráfico rodado el principal factor de impacto negativo.
El Consistorio inició la preparación de esta medida en 2022, con un proyecto que plantea su desarrollo en dos fases: una primera en el Casco Viejo —ya en funcionamiento desde diciembre de 2025— y una segunda en los Ensanches. La actual regulación limita el acceso a vehículos sin distintivo ambiental, aunque contempla diversas exenciones.
El informe concluye que tanto el proyecto como la ordenanza aprobada en 2025 se ajustan a la normativa vigente y que se han habilitado sistemas técnicos adecuados para su control, como 65 cámaras de lectura de matrículas, sensores de aparcamiento y dispositivos instalados en vehículos de la Policía Municipal.
No obstante, la Cámara de Comptos señala algunas carencias, como un análisis incompleto de costes y beneficios, una participación ciudadana centrada principalmente en el Casco Antiguo y posibles riesgos en materia de protección de datos, al no haberse realizado la evaluación de impacto exigida por la normativa.
En cuanto a la financiación, la mayor parte del gasto —más de 900.000 euros— procede de fondos europeos Next Generation canalizados a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En el informe se detalla además que el plazo máximo de ejecución de las actuaciones finalizaba el 31 diciembre de 2023, y que tanto en 2024 y 2025, el ministerio ha requerido reiteradamente información adicional sobre la fecha de implantación efectiva de la ZBE y sobre la no coincidencia de su ámbito espacial con el que figuraba en la solicitud de la subvención. Comptos añade que "a fecha de elaboración de este informe, no consta si el ministerio considera válida la justificación aportada por el ayuntamiento".
