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14 entidades sociales denuncian trabas e ilegalidades» en el empadronamiento de personas sin hogar en Pamplona

Presentan dos quejas ante el Defensor del Pueblo, y aseguran que el TAN ha dictado dos sentencia que obliga a empadronar sin dilaciones

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Catorce entidades sociales de Pamplona han interpuesto esta semana dos quejas formales ante el Defensor del Pueblo de Navarra al considerar que el Ayuntamiento está incumpliendo la legislación vigente en materia de empadronamiento de personas sin hogar, retrasando, obstaculizando y denegando de manera generalizada las solicitudes.

Las organizaciones denunciantes —Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo, Paris 365, SOS Racismo Navarra, Punto de Información para Personas Migradas, Asociación Lantxotegi Elkartea, Oxfam Intermón, Fundación Elkarte, Etxebizitza Sindikatu Sozialista Iruñerria, Haritu ElkarLaguntza Sarea, Salhaketa Nafarroa, Centro Lasa, Dar Etxea, Asamblea Padrón Iruñea e Itaka Escolapios— sostienen que estas prácticas impiden a las personas afectadas acceder a derechos básicos como la tarjeta sanitaria, la escolarización, el sistema de protección social o la regularización administrativa.

Paralizaciones, retrasos y ampliación de plazos

Según explican, en febrero de 2024 el Consistorio paralizó la resolución de solicitudes de empadronamiento de personas sin domicilio a la espera de un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, pese a que la normativa fija un plazo máximo de tres meses para resolver y, en su defecto, aplicar el silencio positivo.

Nueve meses después, en noviembre de 2024, el Ayuntamiento se vio obligado a empadronar a varias personas, pero aprobó una instrucción que les obligaba a comparecer quincenalmente en dependencias municipales. Esta exigencia fue anulada en mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que la consideró ilegal, por lo que el propio Consistorio la dejó sin efecto el 30 de mayo.

Ese mismo día, añaden las entidades, el Ayuntamiento amplió el plazo para resolver los expedientes de tres a seis meses. Entre el 30 de mayo de 2025 y el 26 de enero de 2026 se aprobaron 36 resoluciones de prórroga que afectan a 562 solicitudes, alegando un aumento «enorme» de expedientes y dificultades para verificar la residencia habitual.

Las organizaciones consideran estas prórrogas «injustificadas e ilegales» y recuerdan que el Defensor del Pueblo ya recomendó en julio de 2025 revocarlas y resolver dentro del plazo ordinario, una recomendación que el Ayuntamiento rechazó.

Denegaciones «casi sistemáticas» y nuevas exigencias

La queja también denuncia que, una vez agotados los plazos ampliados, el Consistorio está denegando de forma «casi sistemática» las solicitudes alegando que no puede constatar la residencia habitual. Sin embargo, aseguran que en muchos expedientes «no consta ni una sola citación ni actuación activa de verificación».

Además, critican que recientemente se esté exigiendo acreditar una residencia mínima de tres meses previa a la solicitud, un requisito que califican de «arbitrario e ilegal», ya que la normativa solo exige residir habitualmente en el municipio, sin establecer un periodo concreto.

Bajas de oficio e instrucción interna

Las entidades también alertan de bajas de oficio de personas ya empadronadas en dependencias municipales —domicilios «ficticios» previstos legalmente para personas sin hogar— que, según señalan, se han tramitado sin notificación efectiva, publicadas en el BOE y sin resolución formal del órgano competente, lo que a su juicio las hace nulas de pleno derecho.

Asimismo, denuncian la existencia de una instrucción interna que vincula el empadronamiento a la intervención social, fija un límite máximo de dos años y obliga a recoger notificaciones presencialmente, medidas que consideran contrarias a derecho y que, recuerdan, ya fueron cuestionadas por el TAN.

Peticiones al Defensor del Pueblo

Por todo ello, las organizaciones solicitan al Defensor del Pueblo que inste al Ayuntamiento a facilitar el empadronamiento «en el plazo más breve posible», revocar la ampliación de plazos, verificar activamente la residencia antes de denegar solicitudes, eliminar la exigencia de tres meses de estancia, evitar comparecencias obligatorias, no tramitar bajas de oficio sin indicios sólidos y publicar las instrucciones municipales en el Boletín Oficial de Navarra y en la web municipal.

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