En el Día Mundial de los Derechos Humanos, la dinámica Egiaren garaia da —integrada por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor— ha anunciado que otras siete personas han sido reconocidas oficialmente por la Comisión de Reconocimiento y Reparación como «víctimas de vulneraciones de derechos humanos» al amparo de la Ley Foral 16/2019.
Desde ambas entidades valoran positivamente estas nuevas resoluciones, que consideran esenciales para visibilizar el impacto que la violencia de origen estatal ha tenido en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria. Subrayan, además, que las siete nuevas víctimas han sido reconocidas específicamente por haber sufrido torturas, con casos que abarcan desde la década de los 70 hasta los primeros 2000.
Los casos reconocidos son los de Iñaki Beorlegui Recalde (1973), Amparo Arangoa Satrustegi (1976), Purificación Galarza Ochoa (1979), Javier Pérez de Obanos Oyarbide (1981 y 1987), Pedro De Miguel Caballero (torturado por Guardia Civil en 1994 y por Policía Nacional en 2004), Ane Buitron Zazpe (1995) y Mikel Soto Nolasco (2002).
Con estas nuevas resoluciones, ya son 101 las personas reconocidas como víctimas de violencia política en el marco de la Ley Foral 16/2019, según los datos recopilados por Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas. El balance actualizado incluye seis víctimas mortales —una de ellas a consecuencia de torturas—, 68 personas torturadas, 19 con lesiones físicas o psicológicas, dos con daños materiales, además de varios casos mixtos que combinan tortura, lesiones y perjuicios materiales.
Las organizaciones animan a toda persona que haya sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra a tramitar su solicitud de reconocimiento, recordando que ofrecen apoyo directo en el proceso administrativo para quien lo necesite.
Por último, hacen un llamamiento a la ciudadanía navarra para acudir este domingo a Donostia y recibir al autobús de la dinámica Mikel Zabalza, así como a participar en el acto previsto a las 12:30 en el Boulevard donostiarra. «Es hora de esclarecer de manera oficial todo lo ocurrido en este trágico caso como paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición», señalan.
