Directivos del hospital público de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo privado Ribera Salud, recibieron instrucciones para esterilizar y reutilizar hasta diez veces catéteres desechables, violando la normativa europea, según denuncias internas de empleados despedidos.
Lo ha destapado de nuevo el diario El País, en una investigación que apunta a nuevas y graves irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, un centro público de gestión privada en la Comunidad de Madrid a cargo del grupo Ribera Salud. Este centro estaba en el ojo del huracán por unas informaciones tras audios previos publicados por El País, en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenaba alargar listas de espera y rechazar pacientes no rentables para aumentar beneficios en cuatro o cinco millones de euros; Gallart se ha desvinculado temporalmente de la gestión del centro (aunque sigue de momento, a sueldo de la empresa).
Según documentación interna publicada por El País, los gestores del hospital ordenaron reutilizar material sanitario de un solo uso, como catéteres de electrofisiología, tubos finos introducidos por vena para estudiar el corazón. Los denunciantes, cuatro directivos médicos y la gerente del centro, alertaron en el canal ético interno: "Esta acción no es legal, por ficha técnica ese material no se puede reesterilizar", y advirtieron de posibles riesgos para la salud de los pacientes.
La normativa europea (Reglamento 2017/745 y Real Decreto 192/2023) prohíbe esta práctica en hospitales, permitiendo la reutilización solo mediante empresas especializadas en reprocesamiento con pruebas exhaustivas de esterilización y marcado CE. Sin embargo, en Torrejón se pretendía esterilizarlos internamente hasta diez veces para maximizar rentabilidad y contener costes, en un modelo de concesión donde Ribera Salud construye y gestiona el hospital durante 30 años a cambio de un canon fijo por población atendida.
Sanidad abre investigación y Ayuso reacciona tras tres días
El escándalo, que afecta a más de 150.000 habitantes de la zona este de Madrid, ha generado una cascada de reacciones institucionales y políticas. La Alta Inspección del Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación para verificar irregularidades, mientras la ministra Mónica García exige a la presidenta Isabel Díaz Ayuso una inspección exhaustiva no solo en Torrejón, sino en todos los hospitales madrileños de gestión privada, como los de Ribera en Valencia y Galicia. Ayuso, tras tres días de silencio y ante las críticas avanzadas este jueves por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha respondido que "cualquier mala práctica será erradicada con contundencia" y que ningún paciente será tratado "por negocio".
El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue la reesterilización de catéteres, y la Consejería de Sanidad de Madrid envió un equipo de urgencia al hospital para comprobar el servicio in situ. Pacientes expresan indignación: "Un hospital no es una moneda, son personas", denuncian demoras en traumatología y endocrinología de hasta un año. Ribera Salud niega rotundamente que se realizara la reutilización y anuncia una auditoría interna. Médicos del centro defienden su labor diaria, pero un manifiesto de trabajadores critica la selección de pacientes por rentabilidad.
Este caso reaviva el debate sobre la privatización de la sanidad pública en regiones gobernadas por el PP, con listas de espera manipuladas, datos oficiales ocultos y despidos a denunciantes cuatro días después de sus quejas.
