El sindicato ELA ha denunciado esta mañana, en una rueda de prensa, la falta de eficacia del diálogo social para solucionar los problemas del empleo en Navarra. La central sindical ha criticado el nuevo Plan de Empleo, firmado recientemente entre el Gobierno de Navarra, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), UGT y CCOO, al considerar que carece de legitimidad democrática al no contar con el respaldo de la mayoría sindical y que supone una cesión de poder a la patronal y a las mutuas en la gestión de las bajas laborales.
Desde ELA han señalado que este es el sexto Plan de Empleo que se firma en Navarra, con una inversión acumulada superior a los 2.000 millones de euros, y que, a su juicio, sigue sin abordar los problemas estructurales del mercado laboral. En su intervención, han puesto el foco en la persistencia de la precariedad, el aumento de la siniestralidad y la temporalidad, especialmente en el sector público.
El sindicato ha cuestionado que este nuevo plan destine 552 millones de euros, de los cuales, según su denuncia, la mitad se dirigirá a subvenciones y ayudas para las empresas bajo el concepto de «competitividad». Además, han alertado de que parte de estos fondos se emplearán en proyectos que consideran económicamente y socialmente cuestionables, como la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV).
Uno de los puntos más criticados por ELA ha sido el refuerzo del papel de las mutuas en la gestión de las bajas traumatológicas, lo que interpretan como un avance en la privatización de la salud laboral. «El principal problema de la siniestralidad es el incumplimiento sistemático de la normativa de prevención por parte de las empresas, y esto es algo en lo que el Gobierno de Navarra debe asumir su responsabilidad», han afirmado.
Además, han señalado que el Ejecutivo foral, a pesar de ser el mayor empleador de Navarra, no ha asumido ningún compromiso concreto para reducir la temporalidad en el sector público.
ELA ha concluido su intervención denunciando que este Plan de Empleo supone la continuidad de políticas que consideran «antisociales» y «contrarias a la clase trabajadora», alineadas, según han afirmado, con las impulsadas en su día por los gobiernos de Miguel Sanz y Yolanda Barcina.
